La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.
La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.
Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.
La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:
Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.
Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).
Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?
Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sino más de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.
Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.
Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.
Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.
Las autonomías recibirán 84.759,6 millones del Estado en 2014 para prestar los servicios públicos, un 2,6% menos que en 2013. Lo que recibirán por habitante va desde un mínimo de 1.613,5 euros en el caso de la Comunidad Valenciana a un máximo de 2.546,0 euros en el caso de Cantabria. ¿Cómo es esto posible? ¿Es que la educación o la sanidad cuestan un 50% más en Santander que en Castellón? Vale que el aislamiento de algunas poblaciones cántabras y su dispersión puede incrementar el coste, pero ¿un 50%? ¿Qué parámetros emplea este sistema?
ResponderEliminarLas cifras incluyen las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2014 (que recoge la recaudación del 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales) y la liquidación del sistema de 2012, que se cierra definitivamente con dos años de retraso.
El actual sistema de financiación autonómica no permite que la prestación de los servicios públicos fundamentales, con independencia de la comunidad autónoma de residencia, se ofrezca de forma igualitaria, contradiciendo los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad interterritorial. Muy al contrario, provoca que algunas autonomías sufran enormes dificultades para desplegar las competencias constitucional y estatutariamente transferidas o asignadas.
ResponderEliminarUn hándicap achacable al diseño de los sistemas de financiación basados en el principio de coste efectivo al transferirse las competencias, independientemente del año de asunción de las mismas, y del mantenimiento del statu quo inicial, que provoca diferencias injustificadas, perpetuadas en el tiempo y acentuadas en la última revisión de 2009.
Los servicios que prestan las comunidades autónomas van dirigidos a las personas. Los servicios sanitarios, educativos y de protección social tienen un componente rígido. A un valenciano le cuesta igual una estancia hospitalaria, un colegio o la atención de sus dependientes que al ciudadano de cualquier otra autonomía.
Tengamos amplitud de miras para analizar con sensatez el reparto de los impuestos que pagamos, afrontar las competencias asignadas a las Administraciones territoriales, para que la redistribución de recursos se base en estrictos criterios de eficiencia y equidad, nunca en cuotas o presiones políticas.
El informe propone un nuevo modelo de financiación autonómica estructurado en tres tramos: uno de garantía del nivel mínimo de los servicios fundamentales, como salud, educación y protección social, que cuente además con un fondo de contingencia para asegurar la estabilidad de los recursos; otro de suficiencia competencial y un tercero que permita ejercer la autonomía tributaria para financiar políticas diferenciadas.
ResponderEliminarEn realidad las comunidades no se quejan del sistema de financiación, lo que quieren todas es que les den más dinero gratis. Poner más dinero haría más fácil el pacto pero creo que sería un grave error. Un problema importante del sistema es que las comunidades autónomas están convencidas, por su experiencia pasada, de que cuando necesitan dinero van a Madrid y se lo dan. Esto les permite evadir el principal mecanismo de disciplina fiscal que hay en una democracia que es que si quieres gastar más tienes que subir impuestos y pasar por las urnas.
ResponderEliminarLa Constitución garantiza que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones con independencia de la región en la que vivan, y eso tiene que incluir servicios públicos de una calidad similar.
Ya tenemos un Estado federal, homologable a cualquier otro en los países de nuestro entorno y que nos ha convertido en pocas décadas en uno de los países más descentralizados del mundo. Algunas de las cosas que se sugieren en la propuesta del PSOE podrían ser útiles. Pero plantearla como una forma de contentar a Cataluña dándole un estatus especial que comporte privilegios económicos o competenciales me parece un error. Primero porque supone consagrar un modelo asimétrico de país que a muchos no nos gusta nada y, segundo, porque no nos va a arreglar el problema. Como mucho, nos comprará unos años de tregua y luego vendrán otra vez los nacionalistas con la matraca a pedir más competencias, más dinero y lo que haga falta.
Hay que separar dos cosas: por un lado debería estar el sistema ordinario de financiación de las autonomías, que está dedicado a financiar servicios para los ciudadanos. Aquí el criterio básico de reparto tiene que ser la igualdad. Las regiones pobres no tienen por qué tener peores colegios y hospitales, pero tampoco tienen derecho a tenerlos mejores. Por otro lado deberían estar los mecanismos de fomento del desarrollo de las regiones atrasadas. Algo de esto tiene que haber y de hecho hay bastante, pero siempre fuera del sistema ordinario de financiación. Desde que entramos en la UE hasta ahora, esta ha sido una política más europea que española.
No hace falta ser economista. Se suma todo lo que los ciudadanos pagan, en función de sus ingresos, se detrae una parte para los gastos de Administración del Estado (central y autonómico) y el resto se divide entre todos. Así sabríamos lo que nos tocaría recibir a cada uno en prestaciones públicas (infraestructuras, educación, sanidad, etcétera). Se introducen coeficientes correctores de solidaridad para ir igualando las regiones más pobres con las más ricas, y se añade una cláusula de ordinalidad, para que el rankingentre autonomías no se llegue a invertir aunque las diferencias se vayan comprimiendo y acaben desapareciendo, como debería ser. Y, por fin, se comprueba lo que cada uno recibe realmente, haciendo las correcciones necesarias sobre el modelo actual para que esa cantidad se ajuste a la correcta. Si para ello hay que corregir los cupos forales o las cuotas autonómicas, hágase sin pestañear. Luego que cada uno analice los datos como más le apetezca.
ResponderEliminarPara pagar y para cobrar, déjese una parte al Estado, otra a las autonomías, y otra a los municipios, en función de su número de habitantes, y en las proporciones adecuadas para que cada Administración atienda sus competencias, previamente definidas y pactadas.
El factor fundamental para la financiación de las Autonomías tiene que ser la población residente en cada Autonomía.
ResponderEliminarDespués, los servicios que presta cada Autonomía. Por ejemplo, Cataluña tiene transferida la competencia de prisiones. Si esa competencia tiene un coste de, por ejemplo, 20 euros por habitante y año, habrá que asignárselo en las cuentas, y Cataluña recibiría por habitante algo más de dinero que, por ejemplo, Andalucía.
Y por último, los factores correctores: cuando un servicio se preste en condiciones que incrementan su coste (dispersión de la población, insularidad, etc.), habrá que multiplicar por ese factor, por los habitantes y por el coste medio para hallar cuánto ha de transferirse a esa autonomía por ese servicio.
Los datos de habitantes deben estar tan actualizados como sea posible. El padrón de un año ya está disponible a mediados del año siguiente. En junio debería meterse en los Presupuestos Generales, de modo que, por ejemplo, en las transferencias a las Autonomías que se hagan por los presupuestos de 2015 se tenga en cuenta el padrón de 2013.
Otra posibilidad es calcular el coste de los servicios, no por habitante, sino por destinatario directo de dicho servicio. Si la dependencia tiene un coste medio por dependiente de, digamos, 4.000 euros anuales, este sistema conducirá a cifras más ajustadas, y evitará desigualdades entre Autonomías con muy diferentes números de dependientes por habitante. Es bastante más complicado, eso sí, porque implica manejar muchos censos para cada autonomía (censo de habitantes, censo de presos, censo de dependientes, censo de alumnos...).
Las Comunidades Autónomas españolas aplican numerosos impuestos, desde uno que grava el uso de las bolsas de plástico (Andalucía) hasta un canon eólico (Galicia). Pero suelen recaudar poco por ellos, y algunos incluso les cuestan dinero.
ResponderEliminarEn 2014, por tercer año consecutivo, los 8.122 ayuntamientos españoles ingresaron más de lo que gastaron. Concretamente, 5.616 millones de euros. En cambio, las administraciones central y autonómica tuvieron déficit. Eso demuestra que la financiación de los ayuntamientos es adecuada, e inadecuada la de autonomías y Estado central.
ResponderEliminarEl sistema de financiación de las autonomías es opaco, complejo, confuso y está cuajado de parches que tratan de tapar injusticias históricas o compensar reclamaciones políticas. “Es como un Frankenstein”. Así lo calificó uno de los 50 catedráticos de Hacienda Pública que participaron hace unos meses en un seminario organizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y la red de investigadores en financiación autonómica y descentralización financiera en España (RIFDE) para debatir sobre el modelo y proponer alternativas para mejorarlo. “Un Frankenstein sí, pero que refleja la realidad”, matizó otro de los asistentes.
ResponderEliminarEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que tras los comicios autonómicos del 24 de mayo de 2015 presentaría una propuesta sobre la reforma de la financiación.
Los partidos mayoritarios están tratando de seducir a los votantes independentistas para que opten por continuar integrando la estructura administrativa española, pero con mejores condiciones fiscales.
ResponderEliminarTal oferta extemporánea no sólo constituye un insulto hacia aquellos catalanes que durante años han reivindicado un cambio en el tramposo modelo de financiación autonómico, sino también para todos los restantes españoles que son víctimas de ese mismo modelo de financiación y cuyas razonables críticas han sido desdeñadas al no haber amenazado con iniciar un proceso de secesión política.
España requiere de otro modelo de financiación radicalmente distinto al actual: un modelo basado en la descentralización del gasto y de los ingresos.
Ahora mismo, el gasto público se halla repartido entre autonomías, ayuntamientos y Gobierno central, mientras que los ingresos de todos estos niveles administrativos se redistribuyen internamente (en forma de transferencias entre administraciones). Como consecuencia, no existe una estricta corresponsabilidad entre ingresos y gastos: los políticos que (mal)gastan no son los mismos que recaudan, generándose en diversas administraciones territoriales el incentivo a sobreexpandir el gasto a costa de los contribuyentes residentes en otras regiones. El sistema es, por tanto, un completo despropósito.
Lo que en todo caso habría de suceder es que cada nivel administrativo sufragara sus gastos exclusivamente a partir de tributos propios sobre los que contara con plena autonomía normativa. Solo así lograríamos corresponsabilidad fiscal y que cada nivel administrativo viviera dentro de las posibilidades fiscales de su población.
En la página 180 de este PDF del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se puede ver que la financiación autonómica por habitante -¡en 2012! ¡porque a finales de 2015 ni siquiera están disponibles los datos de 2013!- fue de 1.848 euros en la Comunidad Valenciana y de 3.863 en el País Vasco. ¡Más del doble! Hay que poner en marcha cuanto antes un sistema de financiación autonómico basado en el coste por habitante de cada competencia asignada, y acabar con esta desigualdad palmaria e insostenible. Ya ha causado la desafección de Cataluña y ha propiciado una petición unánime de todos los grupos del Parlamento Valenciano.
ResponderEliminarA mi juicio, la solución debe integrar cuatro ideas fuerza o ideas básicas.
ResponderEliminarLa primera es que se puede respetar el bloque constitucional e incluso no entrar a discutir la lógica global del sistema al tiempo que se establecen fórmulas de cómputo del cupo muy diferentes a la actual, y que proporcionarían resultados financieros similares al régimen común.
La segunda es que el diálogo razonado y la discusión técnica rigurosa en pos del pacto político deben presidir la estrategia del gobierno central. El ruido y las amenazas no son lo más inteligente cuando uno tiene los argumentos más sólidos a su favor.
En tercer lugar, sería bueno contar con el respaldo de la mayor parte de los partidos de la oposición. Estamos hablando de un cambio de calado y estructural, no de decisiones coyunturales.
Y cuarto, cualquier solución pasa por definir períodos transitorios muy largos, que permitan metabolizar una alteración radical en las finanzas autonómicas del País Vasco y Navarra.
Santiago Lago es catedrático de Economía Pública de la Universidad de Vigo
Los elementos centrales de la propuesta de financiación autonómica son los siguientes:
ResponderEliminari) substituir los actuales porcentajes de cesión del IVA e Impuestos Especiales por un sistema de
dos tramos independientes de tales impuestos, uno de los cuales podría tener tipos fijados por
las comunidades autónomas actuando de forma colegiada. Los rendimientos del tramo
autonómico de estos impuestos se integrarían directamente en un Fondo Básico de Financiación
que funcionaría como el actual Fondo de Garantía, aunque sin una aportación estatal,
ii) consolidar los actuales Fondos de Suficiencia, Cooperación y Competitividad en un único
Fondo de Nivelación Vertical que se repartiría con el objetivo de reducir en la medida de lo
posible la desigualdad en términos de financiación por habitante ajustado que persista tras la
aplicación del Fondo Básico, sin alterar la ordenación de las comunidades por este criterio,
iii) introducir un mecanismo de transición suave desde la situación actual a la distribución de
recursos generada por el sistema propuesto, de forma que se rompa la tendencia a la
congelación de la situación que han generado las tradicionales cláusulas de statu quo de las
sucesivas reformas del modelo, y
iv) introducir algunos retoques en la fórmula de necesidades de gasto para basarla en los
patrones observados de gasto autonómico y revisar la recaudación normativa de los llamados
tributos cedidos tradicionales para que recoja mejor la capacidad fiscal de las distintas
comunidades autónomas.
Fedea organizó el 17 de mayo de 2016 un debate en Madrid con académicos y representantes de los partidos políticos para presentar las conclusiones de unas jornadas sobre la reforma de la financiación autonómica. Existe consenso en algunos puntos:
ResponderEliminar- el sistema vigente es demasiado complejo, resulta arbitrario y genera diferencias excesivas en la financiación por habitante ajustado.
- debe implantarse un sistema de liquidación más ágil que el actual, donde las comunidades reciben entregas anticipadas en función de la recaudación prevista y no es hasta dos años después cuando se cierra el ejercicio, descuadrando casi siempre las cuentas.
- debe respetarse el principio de ordinalidad, es decir, que la redistribución no llegue hasta el punto de que las comunidades con mayor capacidad fiscal acaben con menos recursos que otras de menor capacidad.
1. Definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos con los niveles de eficiencia imprescindibles.
ResponderEliminar2. Acordar el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema en función del nivel de gasto.
3. Cuantificar, según grado de riqueza e índice de desarrollo, y a igualdad de esfuerzo fiscal, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada una de las CCAA.
4. Revisar la cesta de tributos cedidos y realizar la reforma normativa que algunos de ellos necesitan, en el supuesto de que se siga con este modelo.
5. Redefinir la capacidad normativa para graduar las diferencias de tributación en función del territorio.
6. Estudiar los principales tributos medioambientales creados por las CCAA para darles a muchos de ellos un marco normativo común con cesión de amplias capacidades normativas.
7. Revisar el concepto de población ajustada reflejando mejor el principio de necesidad, pues constituirá la base que permitirá cumplir con los principios de suficiencia en cada Comunidad y de solidaridad en el conjunto del sistema.
8. Rebajar el porcentaje de los recursos tributarios que aporta cada Comunidad Autónoma al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que en estos momentos es del 75%, con lo que se cumpliría mejor con el principio de corresponsabilidad fiscal.
9. A la vez, deberían desaparecer los restantes Fondos, con el importe de los cuales el Estado podría nutrir dicho FGSPF, aportando además nuevos recursos, con lo que se ganaría en transparencia.
10. Simplificar el sistema de nivelación y respetar el principio de ordinalidad.
11. Regulación positiva del principio de lealtad institucional.
12. Incremento de interacción entre la AEAT y las Agencias tributarias u otros organismos autonómicos, así como con la recaudación de la Seguridad Social.
13. Hacer la Agencia Estatal de la Administración Tributaria independiente del poder ejecutivo, pasando a ser controlada por el Parlamento.
14. Reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El objetivo del laboratorio de ideas RIFDE es servir de plataforma de conocimiento aplicado desde las universidades y otras instituciones de investigación y análisis hacia el tejido sociopolítico.
ResponderEliminarEn un informe difundido en febrero de 2017, la RIFDE considera que deben buscarse fórmulas para que las comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, se incorporen a la financiación del mecanismo de solidaridad interterritorial. Sin cambiar la esencia del cupo vasco ni el concierto navarro, sino únicamente incorporando mecanismos para que estos territorios aporten al mecanismo de solidaridad como lo hacen el resto de autonomías.
Los comités de expertos presentarán hoy al Gobierno las propuestas sobre la reforma de la financiación autonómica y la local que incluyen que las Comunidades Autónomas puedan subir el IVA, pero cuando lo aprueben conjuntamente, y que los ayuntamientos conviertan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca.
ResponderEliminarOtra de las propuestas es la armonización en toda España del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido y gestionado por las comunidades autónomas, y que ha dado lugar a una enorme disparidad de tipos entre comunidades.
La cuestión central en la financiación autonómica es el de la nivelación territorial, es decir, el grado de solidaridad interterritorial que debe admitir el sistema. En este punto es donde se librará la verdadera batalla entre las comunidades y la Administración, aunque probablemente los enfrentamientos más enconados se produzcan entre autonomías. Para algunas, como Cataluña, la solidaridad debe estar rigurosamente limitada, mientras que otras defienden una situación como la actual o muy parecida.
ResponderEliminarEn todo caso, este es un debate de gran alcance y largo recorrido: se trata de que la sociedad española defina cuál es el grado de solidaridad entre territorios que desea, y que el Parlamento obre en consecuencia. Como es lógico, esta cuestión capital no pueden resolverla los expertos y tiene que partir de una negociación.
La Comunidad Valenciana recibe por habitante 343 euros menos que la media española, situada en los 2.454 euros, y se coloca a casi mil euros por ciudadano de las dos regiones que más ingresan: Cantabria, con 3.098; y La Rioja, con 3.081. El origen de este agravio deriva, entre otros aspectos, de la no actualización del sistema de financiación al criterio poblacional.
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